Economía, política, fuga de capitales, tipo de cambio, inflación y gasto público –entre otras cuestiones de relevancia– ocupan el debate de la esfera pública, allí donde se presentan y representan intereses diversos encorsetados por reduccionismos permanentes. Esta realidad pone de manifiesto la necesidad de reorientar la discusión hacia los temas de la agenda de políticas públicas que permitan transformar la estructura productiva y cualitativa de nuestro país.
En particular, la evidencia sobre crecimiento y desarrollo económico es clara sobre la importancia de trabajar sobre dos ámbitos de fuerte carácter coevolutivo: la innovación (en sentido amplio del término) y el fortalecimiento de encadenamientos productivos, con vistas a amplificar los cambios a nivel microeconómico y mejorar –dados los efectos sobre la inversión y el balance de pagos– la dinámica macroeconómica.
Este proceso, plagado de deudas estructurales incluso a nivel agregado, aparece como más acuciante al focalizar en la realidad de las pequeñas y medianas empresas argentinas, donde la heterogeneidad del entramado empresarial cobra particular importancia, manifestándose en formas diferenciadas de acceso a la información estratégica, a las estrategias seguidas para ganar mercados (precio o no precio) y a la participación en proyectos asociativos, todo lo cual afecta las potencialidades de su propia trayectoria.
En efecto: existe evidencia reciente (Competitividad empresarial, desarrollo organizativo y gestión comercial de las pyme industriales. Fundación Observatorio PYME, marzo del 2010) que muestra que las características mencionadas que hacen al grado de desarrollo organizativo de la firma determina en gran medida no sólo su desempeño económico (en términos de ventas, nivel y tipo de inversiones, inserción externa, entre otros) sino también el carácter específico de la problemática que enfrentan: así, se ve que las empresas de menor desarrollo perciben una competencia más fuerte en el mercado interno, mayor presión de costos y más intensa reducción en los márgenes de rentabilidad.
Esto último supone repensar la agenda de políticas para el sector, las cuales deben ser focalizadas y orientadas a la valorización de las capacidades empresariales de la sociedad en cada una de sus expresiones físico-territoriales y tecnoproductivas. Para ilustrar este punto vale un ejemplo extremo: las políticas de fomento del sector maderero en la región centro del Chaco o del interior de Salta deberían ser sustancialmente distintas de aquellas orientadas al desarrollo de los polos tecnológicos de la Ciudad de Buenos Aires. Las políticas horizontales dirigidas al segmento pyme que no contemplan las diferentes realidades sectoriales y territoriales encuentran, por lo general, limitantes que pueden ser explicados por dicha heterogeneidad.
Al igual que una caja negra, la pyme pasa a ser un gran contenedor de problemáticas estructurales supuestamente compartidas que no logran encontrar soluciones perdurables debido al desconocimiento generalizado subyacente en el debate.
Ello no excluye, sin embargo, la existencia de numerosos espacios para mecanismos de fomento de las pyme que pueden considerarse transversales, puesto que buscan resolver cuestiones compartidas por una amplia mayoría de empresas, más allá de su realidad particular. En general, el tema del financiamiento para la inversión constituye un limitante estructural para todo tipo de pyme en cualquier región del país.
En este contexto, aparecen como relevantes los anuncios recientes en materia de apoyo al segmento pyme, que incluyen un paquete de líneas de crédito e incentivos fiscales por un total de $5.300 millones. Resulta auspicioso encontrar el tema pyme en el discurso oficial, especialmente tras tanto tiempo sin hablar de estas cuestiones.
Si bien estas medidas no representan una sustancial innovación con respecto a lo que se viene ofreciendo a este grupo de empresas, los créditos a tasa fija subsidiada, la Ley de Promoción de Inversiones y los programas de la Sepyme apuntan en buena medida a resolver la falta de financiamiento para la inversión en este sector. Sin embargo, para lograr un impacto profundo en la realidad inversora, en el desarrollo organizacional y en la competitividad de las pymes, es fundamental alcanzar rápidamente valores de financiamiento que no descienden de los $15.000 millones, y eso sólo para el caso de las pymes industriales.
Un gran avance en esta misma línea estaría dado además por la implementación de un instrumento como el proyecto de ley de capitalización pyme, cuyo objetivo consiste en desgravar durante dos períodos fiscales las utilidades impositivas de las pymes reinvertidas en la compra, construcción, fabricación o importación definitiva de bienes de capital. Dicha medida representaría un avance en materia de liberación de recursos para el desarrollo del segmento con un bajo costo fiscal absorbido por el Impuesto a las Ganancias y recuperado con creces por el incremento de la actividad y la contratación subyacentes. Asimismo, el no establecimiento de cupos fiscales fomentaría la automaticidad de su instrumentación junto a importantes incentivos para la formalización de las firmas y su personal.
Estos importantes pasos servirían para poner de relieve la importancia de un segmento empresarial que hoy representa la mitad de los esfuerzos en materia de generación de riqueza y aparece como eje de contracción para los elevados márgenes de desigualdad, pobreza e indigencia, dada una participación del salario en el valor agregado que promedia el 73 por ciento.
Hacia adelante, y sobre la base de un mejor desempeño a nivel micro, se destaca nuevamente la necesidad de adoptar un carácter sistémico para el desarrollo. Esto supone el crecimiento conjunto de las empresas del sistema productivo regional logrando que éstas no se enfoquen sólo en el producto, sino también en los tipos de vinculación empresarial y la extensión de los encadenamientos productivos que permitan aumentar la competitividad del conjunto.
El desarrollo debe ser visto, en este sentido, como un proceso de construcción de capacidades sociales, mercados e instituciones, enmarcado en un contexto de fuertes diferencias de conducta entre firmas, con eje gravitante en la innovación, cuyas características idiosincrásicas se configuran como base en la construcción de la política pública adecuada para su desenvolvimiento.
El país requiere, desde ya, definiciones con respecto a las cuestiones macro para el crecimiento económico. Pero el sendero del desarrollo nos escapará hasta tanto se aborden políticas activas y de alto impacto sobre la estructura productiva. Tras el consenso, la sintonía fina.
