Distintos temas que hacen al devenir político y socioeconómico argentino ocupan actualmente, si bien con cierto grado de superficialidad, el debate en la esfera pública, allí donde además se conjugan la falta de credibilidad en el sistema estadístico nacional y el conflicto político y mediático. Todo esto dificulta la lectura clara de los aciertos y errores en materia de política económica desde 2008, particularmente en un año de estancamiento como lo fue el 2009.
Diversas posturas se esgrimen en torno al proceso actual de crecimiento económico, que obvian el sano intento de dilucidar causalidades y confunden las leyes que gobiernan la trayectoria de distintas variables, cuyo exponente más claro es quizás la inflación.
Es en busca de esclarecer alguno de los elementos que hacen al relativo éxito argentino frente a la crisis internacional que se intenta aquí correr el velo de la evidente falta de coordinación en temas macroeconómicos, de la manipulación de las estadísticas y de la incapacidad de implementar políticas integrales de desarrollo económico, con el fin de analizar una serie de medidas que, con sus más y con sus menos, han ido en dirección (temporal y espacialmente determinada) de amortiguar los impactos de la crisis sobre nuestro país.
En primer lugar, cabe destacar la implementación, hacia fines de 2009, del Programa de Asignación Universal por Hijo, ampliando la cobertura social a desocupados, trabajadores informales y empleadas domésticas. Su impacto repercutió en la compensación de la caída de la demanda agregada generada por la crisis internacional, al incentivar el consumo privado de un segmento poblacional que históricamente se vio relegado. Pero también sirvió para amortiguar lo efectos negativos de la inflación en el incremento de la pobreza y la indigencia. En este sentido, la indigencia mostró una caída entre 68 y 54 % – según se utilicen el IPC del INDEC o el de siete provincias, respectivamente. La asignación universal es sin dudas un alivio, pero no constituye de ninguna manera la resolución de los problemas sociales que todavía afectan a un gran segmento de la población.
Durante 2009 también se llevó adelante una política comercial externa activa, inteligente y articulada, con el objetivo de potenciar el monitoreo del comercio exterior en un contexto internacional de liquidación de stocks y desvíos de comercio que, de no mediar estas políticas, podrían haber ocasionado daños permanentes en el tejido productivo y social de nuestro país. Vale aclarar que estas medidas, conceptualmente correctas, pudieron haber ocasionados algunos problemas puntuales, fruto de décadas de destrucción de capacidades técnicas en la gestión pública, particularmente en lo que atañe a cuestiones de comercio y negociaciones internacional. Pero vale aclarar también que medidas como las licencias no automáticas impuestas en el comercio bilateral, si bien pueden ser de relevancia en algunos segmentos de productos puntuales, no han impactado significativamente en el comercio exterior en su totalidad: la caída de las importaciones durante 2009 obedeció fundamentalmente a la fuerte reducción de la actividad industrial (particularmente del sector automotriz) junto con el desplome de la inversión, donde gran parte los bienes de capital continúan siendo de origen importado.
Otra de las medidas que cobró un papel significativo a la hora de atenuar los impactos de la crisis internacional, e incluso más destacado comparado con otros países, fue el incremento de la obra pública. Independientemente de su calidad (vista en términos de una combinación en el grado de eficiencia en la implementación con su planificación estratégica), la misma indudablemente sirvió para amortiguar la caída en el nivel de actividad de diversos sectores industriales.
Por otro lado, se destaca también la implementación del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) del Ministerio de Trabajo, por el cual se ayudó a buena parte de las empresas a costear una porción de los salarios y así sortear sin grandes turbulencias el peor momento de la crisis internacional. De hecho, la caída en el nivel de empleo que se observó en nuestro país fue de las menores si se la compara con otros países del mundo e incluso de la región. La gran deuda en esta materia ha sido que buena parte de los subsidios terminaron siendo asignados a empresas medianas y grandes.
Por último, en un año caracterizado por el derrumbe de la inversión productiva, la reglamentación de la Ley de Promoción de Inversiones (LPI) sirvió para el desarrollo de nuevos proyectos. Cabe destacar sin embargo que, al igual que lo que pasó con los REPRO, buena parte de beneficios de la LPI terminaron fundamentalmente en grandes empresas. El espíritu de la norma no respondía a las necesidades específicas de las PyMEs.
Aún sin conformar un programa integral de desarrollo productivo y social, estas medidas han evidenciado su utilidad a la hora de dar respuesta a distintas necesidades. No obstante ello, la realidad nos impone aún cuantiosos desafíos en materia de consolidación de la recuperación del nivel de actividad industrial, eje a partir del cual ha girado la recomposición de no pocas capacidades tanto productivas como, fundamentalmente, sociales, hasta comienzos del año 2008.
Más allá del claro liderazgo de las grandes empresas en el renovado crecimiento de la actividad industrial (ligadas principalmente a la producción automotriz, siderúrgica y de la molienda), se vislumbran también un interesante dinamismo en muchas tramas PyMEs, las cuales siguen mostrando no obstante una mayor reticencia a la inversión y la generación de puestos de trabajo, tras dos años de fuerte suba de costos y caídas en la demanda que significaron una pérdida acumulada de 60 mil empleos.
Por ello, y con vistas a recuperar un sendero de crecimiento sostenido, se destaca la necesidad de trabajar en una agenda integral de desarrollo, sobre la base de dos ámbitos que se co – determinan y suponen la mutación virtuosa de la estructura productiva: la innovación y el fortalecimiento de las redes empresarias e institucionales y los encadenamientos productivos, con vistas a difundir ampliadamente los cambios a nivel microeconómico y mejorar asimismo la dinámica macroeconómica.
Coordinar las políticas macro y encausar un programa que tenga en cuenta la reducción gradual de la inflación, sin limitar el crecimiento, resulta también primordial, y aparece como condición necesaria para lo anterior. En este sentido, se deben buscar los consensos y acuerdos necesarios, utilizando todos los instrumentos de cara a lograr una convergencia entre salarios, precios y tipo de cambio, que garantice el crecimiento de la producción y el trabajo nacional, con pautas distributivas claras y que contemplen la mejora de los sectores postergados.
Este accionar, de suma complejidad y con vastas deudas estructurales de todo tipo, se manifiesta con mayor intensidad si se focaliza en la realidad de las pequeñas y medianas empresas, sujetas a una fuerte heterogeneidad que se manifiesta principalmente en formas diferenciadas de acceso al financiamiento, informalidad laboral, información estratégica, transferencia tecnológica y participación en proyectos asociativos de todo tipo, todo lo cual limita sus propias posibilidades de crecimiento y las potencialidades de todo el sistema.
El país necesita atacar todos estos frentes. Trabajar en las definiciones con respecto a las cuestiones macro para el crecimiento económico sigue, dada su importancia, ocupando gran parte de la agenda. Pero el sendero del desarrollo será esquivo hasta tanto se aborden políticas activas y de alto impacto sobre la estructura productiva.
* Miembros de la Sociedad Internacional para el Desarrollo, Capítulo Buenos Aires (SID-Baires).
