El Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina señaló la necesidad de que los poderes provinciales avancen en el ordenamiento del sistema de riesgos del trabajo y ratifiquen el instrumento que el Congreso Nacional aprobó a través de la Ley Nro. 27.348, a los efectos de cumplimentar el orden procesal federal vigente.
Además, las autoridades de la UIA reiteraron la importancia de que el Poder Ejecutivo Nacional –a través de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo– pueda establecer mediante las comisiones regionales una adecuada atención, facilitando los recursos para mejorar la dinámica y eficiencia de los procesos, cubriendo las necesidades regionales a lo largo de todo el país.
Tal como viene señalado la entidad, el sector productivo está comprometido con todas las iniciativas que mejoren la seguridad de los trabajadores. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre los años 1996 y 2015 la tasa de siniestralidad industrial mostró una reducción del 42%. Y esa reducción se produjo en el marco de la expansión de un 30% del empleo industrial. A pesar de ello, hoy la industria sufre una situación paradójica: mientras se redujeron los siniestros se observa un aumento en la cantidad de juicios.
Entre 2011 y 2015, la litigiosidad laboral subió cerca de un 80%, elevando las alícuotas a niveles récord. Este es uno de los principales problemas que afectan a las pymes industriales de todas las regiones del país. El aumento de la litigiosidad atenta contra la generación de empleo y condiciona la supervivencia de muchas pymes.
