Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) destacamos los avances en las normativas que regulan las medidas antidumping en el país. Estas herramientas, fundamentales para combatir la competencia desleal, se optimizaron mediante la reducción de los plazos de investigación a un máximo de ocho meses y la simplificación de los procedimientos en un único organismo, la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE). Este cambio positivo representa un respaldo a las PyMEs industriales en su lucha por competir en igualdad de condiciones.
En Argentina, actualmente existen 94 medidas antidumping vigentes, de las cuales 50 están dirigidas a productos provenientes de China. Este país es, de hecho, el principal destinatario de estas medidas a nivel global, con un 33,4% de los casos registrados en la Organización Mundial del Comercio (OMC). En el ranking global, Argentina ocupa el sexto lugar con un 5,6% del total de medidas adoptadas, por debajo de economías como Estados Unidos (21,5%) e India (14,3%).
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El impacto de estas medidas es crucial para las PyMEs locales, que enfrentan desafíos significativos. Entre ellos se destacan una de las cargas impositivas más altas del mundo, costos logísticos elevados y dificultades para acceder a financiamiento competitivo. En contraste, los productos importados de ciertos países llegan al mercado local con precios falseados, subsidiados en su origen y con menores costos laborales. Esta situación genera una competencia desleal que amenaza la sostenibilidad de la industria nacional. El desglose de las medidas antidumping vigentes en Argentina muestra que el 52,13% corresponde a derechos ad valorem, mientras que los aranceles específicos representan el 26,6%. Estas cifras refuerzan la importancia de mecanismos como los derechos compensatorios para equilibrar las condiciones de competencia.
En economías desarrolladas como Estados Unidos y la Unión Europea, estas herramientas han demostrado su eficacia para proteger la inversión y el empleo local. Desde la UIA consideramos que la reciente reforma normativa es un avance significativo. Sin embargo, también resaltamos la necesidad de una reglamentación clara y accesible que garantice su aplicación efectiva. Este aspecto resulta clave en un escenario global cada vez más desafiante, donde las asignaturas pendientes en materia de competitividad siguen ocupando un lugar prioritario. Nuestro objetivo es proteger a la industria nacional y fomentar un comercio justo que permita a las empresas argentinas competir en igualdad de condiciones, contribuyendo al desarrollo económico del país.
