La preocupación en torno de la convergencia de los niveles de desarrollo entre regiones de un mismo espacio político tiene largo arraigo y pocos casos de éxito. En algunos casos (por ejemplo en la Unión Europea) dicha cuestión constituye uno de los móviles del proceso político. Aunque el éxito de las llamadas políticas públicas de cohesión territorial y social en Europa no está descontado, allí por lo menos suena la alarma cuando una región muestra un rédito per capita inferior al 75% de la media de la Unión. En nuestro país, en cambio, la alarma no está sonando ni aún cuando algunas provincias muestran hoy un rédito per capita inferior al 30% de la media nacional.
Esto a pesar de que nos hemos constituido como país federal para compartir un destino que se presumió mejor con la unión. En este aspecto, estamos cada vez más complicados. Actualmente estamos discutiendo hasta el ejercicio del federalismo político, gracias a que sólo se distribuye automáticamente una cuarta parte del total de la recaudación nacional, mientras que la Ley de Coparticipación Federal de 1988 establecía una distribución automática del 57%.
¿Cómo es posible que la Argentina democrática no haya asumido plenamente el principio ético-político de la convergencia territorial de los niveles de desarrollo? ¿Cómo, que las intervenciones del Estado nacional a favor de las provincias pobres y de los territorios desfavorecidos como los conurbanos sean discrecionales y nunca guiadas por pautas definidas “ex ante” en función de criterios estructurales (y no coyunturales) compartidos por todos los ciudadanos argentinos representados en el Congreso de la Nación?
El lanzamiento de la idea de la constitución de un Fondo de Convergencia Nacional promovido por el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, es una excelente idea. Obliga a iniciar una deliberación sobre los principios de solidaridad que dieron origen a la Nación. En este sentido, y si bien “no todo lo que reluce es oro”, los criterios institucionales fijados por la Unión Europea para la gestión de los Fondos Estructurales para la Cohesión Territorial y Social podrían servir de guía inicial para cuando nuestro país decida dar lugar a dicho debate. Podremos adecuar el modelo o aún construir otros criterios, pero tampoco nos llevará a buen puerto un esfuerzo de cohesión mal concebido.
Por ello, sostenemos que será necesario: a) concentrar las intervenciones estructurales en pocos objetivos prioritarios bien definidos; b) programar estrategias plurianuales integrando los instrumentos de intervención; c) instaurar la subsidiariedad y coordinación entre los niveles del Estado (gobierno multinivel); d) establecer la adicionalidad de los Fondos Estructurales (y no sustituibilidad); e) monitorear de modo riguroso, permanente y con auditoría ciudadana, el cumplimiento de los objetivos (ex-ante, in itinire y ex-post).
Sabemos que casi unánimemente las fuerzas políticas tienen disposición para abrir un debate serio, porque es una causa con tradición histórica y porque nos inquieta el futuro imprevisible de un país quebrado geográficamente, con conurbanos ingobernables conviviendo irracionalmente con desiertos económicos.
Un país integrado será también un país más competitivo. El esfuerzo debe estar puesto en comprender la complejidad del problema, la trascendencia de la causa y la necesidad de su resolución. Siempre un espacio económico amplio puede dar lugar a diferencias entre regiones fuertes y débiles; pero la apuesta a un modelo de equidad territorial es en definitiva la única forma políticamente sostenible de romper el maniqueísmo entre el proteccionismo insensato o la apertura ingenua.
Las naturales economías de aglomeración y de escala que se generan en las regiones fuertes tienden a aumentar la concentración territorial: las áreas centrales atraen empresas porque presentan ventajas de localización. Sin decididas políticas, las fuerzas del mercado producen una enorme atracción centrípeta; y en clave territorial no siempre dicha expresión “mercadista” resulta económicamente la más eficiente.
Estas fuerzas son las que pueden desplegarse a favor de Brasil en el proceso del Mercosur y actuaron históricamente en desmedro de las regiones periféricas de Argentina, justamente por las discontinuidades de políticas regionales estructurales a favor de la convergencia.
Artículo publicado en diario Clarín el 06/07/10
Entrevista a Fabio Quetglas, especialista en desarrollo local
